Si una persona se divorcia, no pierde la residencia, pero resulta de vital importancia que se modifique  su tarjeta comunitaria de residencia por la de régimen general, es decir, la tarjeta de residencia y trabajo. Para ello se necesitará que la persona tenga un contrato de trabajo o que trabaje por cuenta propia. Desde Advocats Vàlua os vamos a dar las claves para el mantenimiento de la tarjeta comunitaria de residencia.

Mantenimiento de la tarjeta de residencia tras el divorcio

Mantenimiento de la tarjeta comunitaria

Se podrá conservar el derecho de residencia comunitaria cuando se den los siguientes requisitos:

1.)  Deberá estar casado o registrado como  pareja de hecho al menos durante 3 años, hasta el inicio del procedimiento judicial de nulidad del matrimonio o divorcio, o de la cancelación de la inscripción como pareja registrada, acreditando que al menos uno de los años residido en España.

Si no se han  cumplido  tres años de casados y no se  ha vivido un año en España, el ciudadano extranjero no podrá modificar su situación administrativa. Y tendrá que solicitar el arraigo social.

2.)  La sentencia de separación, divorcio o nulidad puede ser de mutuo acuerdo o mediante un divorcio contencioso.

Se conservará el derecho de residencia:

2.1 Si existen hijos menores de edad en común y al cónyuge extranjero extracomunitario le haya sido reconocido el derecho de custodia de los menores.

2.2. Aunque no le haya sido concedida la custodia de los hijos comunes menores de edad, al menos, le haya sido reconocido el derecho de visita, bien judicial, o bien por convenio regulador.

3.)   El  extranjero dispondrá de 3 meses desde que se le notifique la sentencia de separación o acuerdo de separación o divorcio,  para realizar los trámites de cambio de su tarjeta de residencia comunitaria por la tarjeta de residencia y trabajo y poder tener así  con idénticos derechos que tenía durante el periodo anterior

4.)   Si el ciudadano extranjero lo tramita fuera del plazo de los 3 meses, deberá de solicitar la tarjeta de residencia por arraigo social o arraigo familiar.

5.)   Si lleva 5 años residiendo en España después de haberse divorciado se podrá solicitar la tarjeta de residencia de larga duración en el plazo de tres meses después de haberse divorciado.

6.)   Cuando el divorcio se haya producido por haber sido víctima de malos tratos durante el matrimonio, y se pueda acreditar de manera provisional. La víctima y sus descendientes si los hubiera, obtendrían la tarjeta de residencia y trabajo de forma automática.

Si la sentencia de divorcio se celebró en otro país fuera del territorio español, y quiere que en España produzca todos sus efectos, por ejemplo la atribución de la custodia,  se deberá homologar la sentencia de divorcio, mediante Exequátur. En este caso lo más recomendable es consultar con un abogado/a especialista en derecho de extranjería.

¿Qué ocurre si no informo del divorcio?

Probablemente  a la hora de la renovar  la tarjeta será cuando  aparezcan los problemas y quedaría sin validez  la tarjeta  comunitaria.

Validez de la tarjeta de residencia comunitaria

Sin perjuicio de la obligación de manifestar la modificación de circunstancias a la autoridad competente, se mantendrá por el foráneo la tarjeta de familiar ciudadano de la Unión que tenga concedida hasta la vigencia de la misma, siendo documentado en su renovación con una tarjeta comunitaria en la que no habrá ninguna referencia al familiar que le otorgó el derecho. Dicha tarjeta no otorgará derechos a terceros en régimen comunitario, sin embargo, sí podrá hacerlo en régimen general, previo cumplimiento de los requisitos exigibles.

Normativa aplicable a los supuestos no contemplados

En el supuesto caso de nulidad de la unión matrimonial, divorcio o separación de hecho; quedan excluidos del ámbito de aplicación de dicho régimen comunitario los antecesores y sucesores directos del familiar de nacionalidad extracomunitaria, así como excónyuge que no cumpla los requisitos establecidos en el artículo 9.4 del Real Decreto 240/2007, a excepción, que en este último caso, fueran ya titulares de una tarjeta permanente de residencia en régimen comunitario.

En estos casos, para seguir residiendo en España de forma legal, el foráneo deberá obtener una autorización de residencia o residencia y trabajo, al amparo de lo dispuesto en la normativa del régimen general de extranjería (artículo 200.3 del Real Decreto 557/2011), disponiendo para la presentación de la solicitud de un plazo de tres meses que empezarán a computar desde la fecha en que se produce el hecho que conlleva a la extinción del derecho de residencia en régimen comunitario.

 

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